(OPINIÓN)
Por Paco March
Resulta que durante años la Tauromaquia estuvo amparada, tutelada, vigilada, por el Ministerio de Interior (antes, Gobernación), algo que, cuanto menos, no dejaba de resultar chocante, como si un halo de sospecha permanente recayera sobre ella. Más que amparo parecía control sobre posibles desmanes, no ya de orden público (a diferencia del fútbol, en las plazas de toros con cuatro agentes del orden en el callejón va que chuta) sino en los entresijos de la corrida y su desarrollo (el policía en la presidencia).
En 2011, la Tauromaquia pasó de Interior a Cultura, una reivindicación que el sector llevaba tiempo reclamando no sólo para liberarla de ese tufillo de sospecha antes mencionado sino, sobre todo, como reconocimiento a su dimensión artística, histórica y, por supuesto cultural.
El Ministerio de Cultura -Gobierno del PSOE-, entonces con la cineasta Ángeles González Sinde (que estuvo con el maestro Esplá en Las Ventas en la Corrida de la Prensa de 2010 y que se opuso a la prohibición taurina catalana, declarando “los toros son cultura con plena vigencia” y que “las corridas de toros tienen mucho sentido”) argumentaba así el Premio: “Entendida la Tauromaquia como disciplina artística y un producto cultural, se considera que las competencias del Estado atendiendo a su fomento y protección tienen su correcta ubicación en el Ministerio de Cultura”. Una argumentación reforzada en 2013 cuando, ILP taurina de medio millón de firmas mediante, la Tauromaquia fue declaraba Patrimonio Cultural Inmaterial.
Tres años después el Tribunal Constitucional, amparado en ello, declaraba nula la prohibición de las corrida de toros en Cataluña, ante lo que se presentó un recurso promovido por, entre otros, ¿adivinen quién? ¡bingo!, Ernest Urtasun, en el que podía leerse: “Los toros nunca pueden considerarse cultura porque son un anacronismo institucional”. Chúpate esa.
Con su llegada al Ministerio de Cultura, Urtasun ha visto despejado el camino en su cruzada antitaurina -que viene de lejos, de sus tiempos en el Parlamento Europeo en los que, adscrito en el Grupo Verde y junto a Raúl Romeva, otro que tal, estaba al frente de todas las campañas contra la tauromaquia y las ayudas (PAC) al campo bravo- y se prodiga en palabras, gestos y, peor aún, decisiones que se saltan a la torera las obligaciones de su cargo, las que marca la Ley.
Su decisión de suprimir el Premio Nacional de Cultura a la Tauromaquia (un dispendio de 30.000 euros) es pecatta minuta ante su objetivo finalista (el mismo de su grupo político SUMAR con Yolanda Díaz al frente) que es llevar al Congreso de los Diputados la prohibición del toreo, al amparo de una ILP en la que se han volcado como si fuera ése el gran problema de España y sus gentes. Pero mientras eso llega -o no- este 10 de octubre él y su segundo de a bordo, Jordi Martí (cuyas intervenciones contra los toros en su etapa de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona causan sonrojo), han tenido que pasar el trago de acompañar a los Reyes en la entrega de los Premios Nacionales de Cultura 2022 y 2023 y, entre ellos, los correspondiente a la Tauromaquia. El de 2022 a la Casa de Misericordia de Pamplona y el de 2023 a El Juli.
Las caras de Urtasun y Martí cuando José María Marco (Casa de Misericordia ) y El Juli han recogido el Premio de manos del Felipe VI han sido el espejo del alma y sus gestos, mejor dicho, su no gesto de aplaudir, de una bajeza moral supina y, además, un desplante fuera de lugar.
Urtasun y los suyos están en su perfecto derecho de que nos les gusten los toros, la mermelada de fresa o el arroz con bacalao, pero no es de recibo ni la chulería ni, por supuesto, incumplir la Ley y adornarlo con desplantes sin torería ni valor.
Quizás porque desconocen lo que es Cultura, aunque okupen su Ministerio.
