(OPINIÓN)
Por Paco March / Foto: Carlos Núñez
La Iniciativa Legislativa Popular ha alcanzado su objetivo numérico (500.000 firmas, recogidas durante un año por las calles y plazas de toda España en -dice el PACMA- eventos como «el Orgullo y el 8M» (sic)- pero la “guerra” no ha terminado. Al contrario, a partir de ahora se avecinan tiempos –aún más- difíciles para la tauromaquia, pues el objetivo final es su abolición, no en vano el eslogan de campaña es “Objetivo abolición”.
Hagamos memoria. En julio de 2010 el Parlament de Cataluña prohibió los toros, con una moratoria de un año. Al poco, Luis Mª Gibert, Presidente de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña (FETC), se puso el mundo por montera y convenció o lió, tanto da, a unos cientos -que luego serían cuatro mil- voluntarios para recoger firmas -medio millón era el mínimo necesario- por toda España para que la Tauromaquia fuera declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Unos lo llamaron loco, otros lo ignoraron, también despreciaron: ¡no ha conseguido salvar los toros en su tierra y quiere salvarlos en España!, gritaban por lo bajini.
La Mesa del Toro, organismo unitario del sector creado un par de años antes y de efímera vida, acabó venciendo sus reticencias y apoyó la osada aventura, aunque a los pocos meses echaron la patita atrás y cerraron el (escaso) grifo financiero. Gibert convenció a toreros, ganaderos y empresarios para seguir con su quijotesca aventura y estos brindaron su apoyo económico -religiosamente devuelto cuando en 2012 la ILP fue admitida a trámite y en octubre de 2013 declarada la Tauromaquia, no BIC sino PCI (Patrimonio Cultural Inmaterial) hasta llegar a las 600.000 firmas.
En 2014 murió Gibert, pasa el tiempo y sigue cerrada al toreo La Monumental, donde durante más de dos décadas fuimos compañeros de localidad en el Tendido 10.
En este 2025 recién estrenado las hordas animalistas, con financiación extranjera y el amparo de determinadas fuerzas políticas y su coro mediático, no cejan en su empeño exterminador. En ese escenario, la ILP que en breve llegará al Congreso de los Diputados para iniciar un proceso de toma en consideración y comparecencias que desembocarán en la votación en el Pleno, se presenta como un arma de destrucción masiva contra el toreo. No será una Proyecto de Ley Ómnibus, un batiburrillo de medidas sin conexión entre ellas, sino un obús contra la línea de flotación de la Fiesta.
Mientras nos distraemos con un Premio Nacional de Tauromaquia patrimonializado por las Comunidades autónomas en manos del PP, es cuestión de meses que la protección legal del toreo se vaya al limbo, pues ése es el fin y la consecuencia de la ILP abolicionista.
En ese cambalache tanguero en que ha derivado la política todo puede pasar, pero la aritmética parlamentaria, en lo que al toreo concierne, invita al pesimismo. Por eso, bueno sería no distraerse en debates internos absurdos (lo ocurrido con y contra Albert Serra en una entrevista en el espacio taurino de una emisora madrileña y su repercusión posterior en redes sociales es sonrojante) y activar los mecanismos de defensa para lo que se nos viene encima.
